Se suman 119 empresas a la lista de «factureros»

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó a 119 personas y empresas que se presume pueden ser factureros.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), Hacienda publicó la lista de personas que se ubicaron en el supuesto del artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

El listado se integra por 119 personas físicas y morales que desde abril y hasta septiembre presentaron comprobantes de operaciones sin acreditar que existen.

Entre los identificados están comercializadoras, constructoras, refaccionarias, mudanzas y consultores, por citar algunos.

El artículo por el que Hacienda justificó la publicación de sus nombres establece que cuando las autoridades fiscales detectan contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con los “activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados”, se presumirá que las operaciones que reportan no existen.

Es decir, que se sospecha que esas personas físicas o morales pueden ser factureras, por lo que se les emplazó para que en el término de 15 días acudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a presentar los documentos e información que estimen necesarios para comprobar que las operaciones que están reportando fiscalmente sí existen y que no son factureras.

Si los integrantes de la lista no presentan las pruebas necesarias en el tiempo que les concede la ley, la SHCP puede considerarlos como factureros.

Los interesados pueden solicitar una prórroga a los 15 días, pero después, en un plazo que no debe exceder de 50 días, la autoridad debe analizar las pruebas y defensas y emitirá su resolución. Posteriormente, Hacienda publicará una nueva lista en el DOF sólo con los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputan.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, este segundo listado tiene como efectos considerar que las operaciones que intentaron comprobar fiscalmente no existieron.

En tanto, la lista de personas sospechosas de facturar operaciones inexistentes se publica trimestralmente desde 2014 a través del DOF y de la página de internet del SAT para correrles el plazo para ofrecer pruebas.

En esta administración y hasta el pasado 3 de septiembre, el SAT había identificado a 3 mil 261 empresas factureras.

Nota original: El Universal

Contabilidad y Control de Obligaciones

Recortes a fideicomisos afectará el dinamismo de la economía en Aguascalientes

Aguascalientes es un lugar importante donde los centros de investigación encontraron un lugar propicio para desarrollarse, al representar el noveno de la actividad económica local al aportar el 1.3 del total del Valor Agregado Censal Bruto (VACB), informó Dafne Viramontes, secretaria de Estudios de Género del Colegio de Economistas de Aguascalientes, al explicar cómo la posible desaparición de los fideicomisos afectarían al estado.

“Es un tema que debe preocupar a Aguascalientes, dado que si se llegan a eliminar, el dinamismo de la economía local podría verse reducido”, apuntó la economista.

Un fideicomiso es un contrato en el que una persona transfiere bienes y servicios a otra con un objetivo determinado, en el caso de los gubernamentales los bienes son de dominio público y se transfieren a través de instituciones financieras para beneficiar a centros de investigación e instituciones dedicadas a esta labor.

La propuesta por parte de la Federación busca desaparecer 109 fideicomisos de los cuales 26 están dirigidos a fondos de investigación científica y de desarrollo tecnológico, al representar un total de 35 mil 58 millones de pesos, de los cuales al menos dos mil millones pertenecen a recursos para los entes investigadores.

El sector de servicios profesionales y científicos, de acuerdo con el Censo Económico 2019, representó el 1.83 al valor agregado censal bruto, es decir, 182 mil 806 millones de pesos y en el caso de Aguascalientes es el noveno más importante, pues aporta el 1.3 del total del VACB de la entidad, al ubicarse varios centros de investigación de gran importancia en el ámbito nacional.

Uno de estos centros son los que integran el consorcio Intelinova, conformado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE región centro), el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat unidad Aguascalientes), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo); además del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para el Sector automotriz (CITTAA), integrado por 12 centros públicos liderado por el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO).

La eliminación de los fideicomisos limitará la capacidad investigadora de los centros públicos de investigación y las instituciones dedicadas a la investigación de diversas áreas del conocimiento, incluyendo la principal actividad económica del estado como es la automotriz.

Para la analista, los fideicomisos son importantes en la medida en que es posible generar investigaciones a pesar de los pocos recursos que históricamente se destinan a ciencia y tecnología, pues la inversión es menor del 1% del Producto Interno Bruto, al ingresar recursos de organismos internacionales y la iniciativa privada para el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

Expuso que los fideicomisos además permiten abordar diversas problemáticas que aquejan al país, como actualmente las relacionadas a detectar las consecuencias del Covid-19, o aquellos para atender y entender las dinámicas del crimen organizado, los proyectos dirigidos a la violencia de género, a la corrupción, entre otros, los cuales no serían posible sin el esquema, al permitir formar y dar empleo a recién egresados de las instituciones de educación superior, sin que le cueste un solo peso al Estado mexicano.

Esta decisión también afectaría a fideicomisos que atienden a víctimas de violencia, a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, a la producción del cine nacional y la protección ante desastres naturales, no solo al sector de la ciencia y la tecnología, sino a toda una serie de instituciones que atienden diversas problemáticas del país.

Fuente: La Jornada Aguascalientes