Con condiciones, amplían apoyos a deudores de la banca

Las autoridades financieras del país anunciaron un nuevo paquete de apoyos y reestructura de créditos para los clientes de la banca afectados por el COVID-19, aunque con condiciones, como la inclusión en el pago del servicio de la deuda y marcas en el Buró de Crédito, dependiendo de la morosidad en su historial.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dieron a conocer que las nuevas medidas permitirán una reducción de 25% en el pago de créditos, bajas en tasas de interés, aumento en los plazos para solventar el compromiso y quitas de capital; sin embargo, no es obligatorio que los bancos lo tomen.

Para que un acreditado vuelva a tener un periodo de gracia, deberá pagar el mínimo que tenía que hacer tras el término del primer programa de apoyo. Así se reactivará la extensión del apoyo para cualquier cliente y deuda bancaria.

Por ejemplo, para una tarjeta de crédito, los bancos se pondrán en contacto con el cliente para recordarle que la fecha de pago mensual está por vencer. Le indicarán el monto a pagar del mes, y lo invitarán a saldarlo, si es que está interesado en activar un plazo adicional, que podría ser de dos meses.

Con el pago, el siguiente paso será comunicarse por teléfono al banco para que le den un número de folio. No obstante, el deudor podrá depositar cualquier cantidad durante el periodo de gracia.

Además, en esta ocasión, el Buró de Crédito marcará a los deudores con varios grados. Es decir, si se acoge a este beneficio no tendrá un tache si estaba al corriente, de lo contrario tendrá una “marca suave”.

El nuevo apoyo se da en el contexto del relanzamiento de la economía, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al justificar que en ese contexto las familias y empresas necesitan financiamiento y créditos.

Con el nuevo programa, la idea es disminuir en 25% la deuda de los acreditados y que bajen las tasas de interés, dijo al presentar el nuevo programa.

Lo anterior, abundó, implicará ampliar el plazo remanente hasta en 50% del original, así como disminuir la tasa de interés y quitas de capital.

El presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf, dijo que las reestructuras se deben basar en una nueva capacidad de pago.

Respiro para deudores

En septiembre terminó el programa para diferir el pago de créditos contratados con la banca comercial que lanzó la Asociación de Bancos de México (ABM) a finales de marzo. Este plan surgió con el fin de apoyar a los afectados por la recesión económica causada por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Ayer la SHCP y la CNBV informaron los detalles para una segunda ronda de apoyos. El titular de la Secretaría de Hacienda informó que por la primera facilidad de emergencia, se reestructuraron más de 8 millones de créditos, casi 17% de la cartera bancaria privada.

Sin embargo, reconoció que la persistencia de la pandemia del COVID-19 será mayor a lo previsto y se tiene que extender el programa, para lo cual se requieren mantener las facilidades regulatorias a instituciones de crédito para que sigan con el apoyo a deudores y familias sin afectar su capitalización.

Otra medida que se agrega es que las empresas podrán abrir cuentas y contratación de créditos, sin ir a sucursal; además, se eliminan los límites para la contratación de créditos y apertura de cuentas de identificación simplificada para sociedades financieras populares.

Nota original: El Universal

Función Pública investiga a ex funcionarios que solaparon a «factureras»

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el sexenio pasado, cuando Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín encabezaban el organismo, permitieron, por acción u omisión, que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de empresas conocidas como»factureras».

Así lo afirmó Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, quien explicó que a quienes se investiga desde su secretaría es “a los funcionarios públicos que permitieron que estos esquemas de las ‘factureras’ se normalizaran en la vida pública”

El esquema, dijo, se incrustó al interior de la Administración Pública Federal “con la tradicional compra de funcionarios públicos que tenían la obligación legal, no sólo moral, de estar observando, de estar denunciando, de estar frenando estos abusos”.

“Nuestro Órgano Interno de Control (OIC) del SAT ha hecho un trabajo espléndido en ir descubriendo quién permitía estos esquemas de empresas fantasmas, para que pudieran ser aprovechados para los esquemas defraudatorios”, dijo.

La secretaria explicó que el trabajo de investigación para identificar a los servidores públicos que “se prestaron a estas defraudaciones, a la evasión fiscal y a la operación de las factureras” ha sido en coordinación tanto con el SAT, desde el inicio de la nueva administración, con la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la actual, Raquel Buenrostro.

Pero también, dijo, hay una mesa de coordinación en la que participan el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para frenar los esquemas de lavado de dinero.

“Lamentablemente, las compras públicas se contaminaron mucho de este esquema de las factureras; había una suerte de matrioshkas en las empresas: una gran empresa no era más que la careta de otras empresitas que subcontrataban a factureras”, detalló.

Sandoval explicó que el esquema de las factureras, considerado corrupción fiscal, defrauda por vía de la elusión fiscal, no solamente de la evasión.

​Un fraude inconmensurable

El pasado 6 de julio, MILENIO dio a conocer que la Procuraduría Fiscal, a cargo de Carlos Romero Aranda, detectó que, en 2018, personajes políticos usaron los recursos obtenidos a través de esquemas de defraudación fiscal vía las factureras para enriquecerse y financiar campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión.

Romero Aranda informó que se calcula que ese año hubo una evasión de 500 mil millones de pesos, aproximadamente. El 23 de junio pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, presentó la información de 43 empresas factureras que fueron contratadas para defraudar al fisco por 55 mil 125 millones de pesos durante el 2017.

El pasado 14 de febrero, Buenrrostro informó que se identificaron a 977 contribuyentes, tanto personas físicas como morales, que entre 2017 y 2019 participaron en esquemas de operaciones de empresas factureras en diversos estados de la República. Las cifras de la evasión fiscal han variado y crecen conforme avanzan las investigaciones.

En junio 2019, cuando la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, reveló por primera vez la magnitud del daño ocasionado a la Hacienda pública a través de estos esquemas, expuso que se había identificado la emisión de al menos 8.8 millones de facturas, desde 2014, que representaron una evasión fiscal de aproximadamente 354 mil 512 millones de pesos.

​¿En la mira?

Además de la jefatura del SAT, que en el sexenio pasado estuvo a cargo de Aristóteles Núñez, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, y Osvaldo Santín Quiroz, desde 2016 hasta noviembre de 2018, al interior del organismo hay al menos cuatro áreas clave que, de acuerdo con sus facultades y obligaciones establecidas en su Reglamento Interior, podrían haber conocido y actuado en contra de las operaciones de las llamadas factureras durante la administración pasada.

La Administración General de Recaudación es la competente para recaudar el importe de las contribuciones y aprovechamientos; participar en la definición e instrumentación de los proyectos especiales en materia de recaudación de ingresos federales, y ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en el registro federal de contribuyentes, así como solicitarles la información y documentación necesaria para constatar dichos datos. Esta área estuvo encabezada el sexenio pasado por Lizandro Nuñez Picazo, quien salió en enero del 2018, y fue reemplazado, para concluir el gobierno, por Adrián Guarneros Tapia.

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene entre otras facultades la de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

En el sexenio pasado estuvo encabezada por José Genaro Ernesto Luna Vargas, quien dejó el cargo en junio de 2017 y fue reemplazado por Leopoldo Carrillo Werring. Asimismo, la Administración General de Grandes Contribuyentes tiene entre sus responsabilidades la de estudiar, analizar e investigar conductas vinculadas con la evasión fiscal, así como proponer estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas.

Esta área estuvo encabezada por Óscar Molina Chie.

La Administración General Jurídica tiene la facultad de solicitar a la Administración General de Recaudación la publicación del nombre o denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos sujetos que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.Estuvo encabezada todo el gobierno anterior por Jaime Eusebio Flores Carrasco.

Adicionalmente a las facultades y obligaciones de estos funcionarios públicos, el Órgano Interno de Control del SAT, dependiente de la SFP, tiene participación en la vigilancia del cumplimiento del marco legal al interior del SAT. Entre 2012 y 2018 hubo dos personas que ocuparon ese cargo: Ulises Moreno Munguía, quien salió en enero de 2016, y Norma Osorio Albarrán, quien entró en febrero de 2016 y salió el pasado 31 de diciembre de 2019.

Nota original: Milenio