Nuevos criterios sobre materialidad de operaciones

El problema de la materialidad radica en que esta es exigida por las autoridades fiscales, para demostrar la efectiva realización de las operaciones; sin embargo, no se encuentra regulado qué debe entenderse por materialidad.

Ante ello, los contribuyentes cuando se les solicita la materialidad suelen aportar lo que «a su parecer” puede sustentar la realización de la operación de que se trate; por otro lado, la autoridad es la encargada de determinar si los documentos aportados son suficientes para tener la certeza de que la operación se llevó a cabo.

En primera instancia, podría parecer que los CFDI, contratos, y comprobantes de pago son elementos bastante claros para demostrar que la operación se materializó; no obstante, a la autoridad no le basta esto, y en algunas ocasiones solicita información que rebasa lo razonable de la operación.

Bajo esa premisa, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió las siguientes tesis aisladas:

Como se observa, según estos criterios judiciales, los CFDI son comprobantes aptos para documentar las operaciones, y los contribuyentes tienen en ellos un elemento de prueba para acreditar la materialidad de la operación.

En resumen, en las tesis se enfatiza que:

• La realización de operaciones comerciales con proveedores, habitualmente mediante documentos privados, no invalida automáticamente la materialidad de las operaciones
• En ningún apartado de las leyes civiles, mercantiles o fiscales se prevé que todas las operaciones deben estar certificadas por fedatario público; por tanto, no es una condición de forma exigible
• El estándar probatorio no puede ser desmedido ni irracional, y la valoración de los documentos debe basarse en la libre valoración de la prueba
• Se reconoce que los documentos privados y los CFDI pueden ser utilizados como medios de prueba para demostrar la materialidad de las operaciones comerciales al generar indicios sobre esas actividades y, unidos o valorados debidamente concatenados, muestran de manera suficiente la realización de los servicios cuestionados 

Es una realidad que estas tesis generan un gran precedente para los contribuyentes a los que se les presume que sus actividades son simuladas, además de que fijan las bases para una defensa fiscal en contra de determinaciones de la autoridad que exige documentación excesiva o incoherente para acreditar la materialidad.

Ejemplo de lo mencionado es cuando la autoridad solicita (como parte de la materialidad) que el contribuyente demuestre los registros de entrada y de salida de los proveedores con los que supuestamente se celebraron operaciones simuladas.

Estos dos criterios judiciales brindan claridad y orientación a los contribuyentes en relación con la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. Es fundamental entender que la valoración de pruebas debe ser objetiva, razonable y acorde con la naturaleza de la operación.

Con información de IDC Online